El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció este lunes que su gestión iniciará una revisión de los planes sociales otorgados por la Anses a ciudadanos extranjeros que no residan en la provincia ni en el país. La medida, comunicada a través de las redes oficiales del Gobierno provincial, se alinea con las recientes reformas migratorias impulsadas por el presidente Javier Milei.

Sáenz argumentó que el objetivo de esta decisión es “defender los intereses de los argentinos” y garantizar que los beneficios sociales lleguen a quienes realmente los necesitan. “Insistimos en la necesidad de dar de baja los planes sociales de Anses a aquellos extranjeros que los cobran sin vivir en nuestro país”, afirmó el mandatario, al tiempo que señaló que el Gobierno nacional trabaja en la misma dirección y que su administración colaborará en ese proceso.

El presidente Milei respaldó públicamente el anuncio del gobernador salteño y replicó el mensaje en sus redes sociales. A su vez, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también expresó su apoyo y destacó la coherencia de la medida con las políticas migratorias del Ejecutivo nacional.

Revisión de planes sociales y reforma migratoria

En reiteradas oportunidades, el gobierno de Salta manifestó su preocupación por el uso de servicios sociales por parte de personas que no residen permanentemente en el país. En este contexto, la administración de Sáenz inició un proceso de verificación sobre el padrón de beneficiarios extranjeros de planes sociales para identificar posibles irregularidades.

El anuncio se produce en un marco de cambios más amplios promovidos por el Gobierno nacional en materia migratoria. Entre las nuevas disposiciones, se encuentra la obligación de los extranjeros de presentar una declaración jurada al ingresar a la Argentina, en la que deberán manifestar los motivos de su visita y comprometerse a no desvirtuarlos. Además, se endurecieron los controles sobre la documentación presentada por inmigrantes y se establecieron sanciones más severas para quienes ingresen de forma irregular o con papeles falsificados.

Otro punto clave de la reforma es la posibilidad de que las universidades públicas cobren aranceles a los estudiantes extranjeros sin residencia permanente, en un intento por redistribuir los recursos del Estado y priorizar el acceso para los ciudadanos argentinos.

La provincia de Salta, que limita con Bolivia y Paraguay, cuenta con pasos fronterizos de alta circulación, como Salvador Mazza y Aguas Blancas. Según el Gobierno provincial, en esas zonas se registra un flujo constante de personas, muchas de las cuales utilizan servicios sociales sin residir legalmente en el país. Por ese motivo, desde el inicio de su mandato, Sáenz viene reclamando un endurecimiento en las políticas migratorias, especialmente en lo referido al acceso a beneficios sociales.

Ciudadanía por inversión y control migratorio

Además del enfoque en planes sociales, las medidas impulsadas por el Gobierno nacional contemplan la creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo que buscará atraer capitales extranjeros mediante la concesión de ciudadanía a quienes realicen inversiones significativas en el país. El objetivo es fomentar la inversión directa y generar nuevas fuentes de empleo.

Desde el Ejecutivo nacional señalaron que todas estas reformas tienen como eje el principio de priorizar los recursos estatales en beneficio de los ciudadanos argentinos, sin cerrar las puertas a la inmigración, pero bajo condiciones más estrictas y con mayor supervisión. En esa línea, el gobierno de Salta afirmó que continuará acompañando estas políticas para reforzar la equidad y la transparencia en el acceso a programas sociales.