Tras las declaraciones del abuelo de Aralí Vivas, de 8 años, en las que denunció violencia, maltrato y abusos contra ella y sus cinco hermanos, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la Municipalidad y la Fiscalía defendieron el accionar que llevaron adelante para la revinculación familiar previa al brutal crimen. El cuerpo de la niña fue hallado calcinado en la casa en la que vivía en la localidad de Brinkmann, Córdoba, junto con el resto de la familia. La autopsia reveló que sufrió traumatismo craneal y no se encontraron rastros de que hubiera fallecido producto del incendio.

Fueron varios los testimonios que dieron cuenta de los malos tratos que se vivían en la familia, lo que muestra las reiteradas fallas que atraviesan al Estado en sus diferentes niveles. Así lo afirmó el abuelo paterno, Omar Rauch, que habló de fiestas "negras" en la casa cuando su hija no estaba; también Betiana Heredia, prima de Rocío (mamá de la niña), que aseguró que "todo el mundo sabía" de las condiciones en las que vivían la nena y sus cinco hermanos antes de la tragedia: "Era un ambiente donde había maltratos, donde había peleas, donde había discusiones, consumo de droga, consumo de alcohol, fiestas".   

Por ello, es que la mira está puesta en la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de Córdoba. El primer indicio lo marcó la Municipalidad local, que tras una marcha vecinal emitió un comunicado en el que manifestó que "siempre acompañó las necesidades de los niños afectados, pese a no compartir decisiones que se tomaron en otros organismos".

La SENAF, por su parte, sólo había abierto un sumario interno para establecer responsabilidades. Este viernes habló la directora del organismo, Julia Reartes, en una entrevista con Cadena 3 de Córdoba, que también defendió su gestión y explicó cómo se llevan a cabo las tareas de revinculación familiar: “El SENAF es solo una parte del sistema de protección integral de derechos. Todas las intervenciones que hace la secretaría ligadas a situaciones de vulneración de derechos se inician a partir de llamadas a la Línea 102, o bien recibimos oficios judiciales, también llamados de la línea 911”.
También dijo que "el sistema escolar, el sistema de salud, la policía y la comunidad son quienes propician de alguna manera los primeros indicadores y llamados de atención respecto de estas situaciones". Y aseguró que el sistema de protección de derechos de los niños "está basado en un mecanismo de corresponsabilidad donde hay diversos actores que intervenimos, la SENAF es uno de ellos".

Allí, la funcionaria cordobesa se desligó responsabilidades, al asegurar que más allá de los informes que realiza la SENAF, la última palabra la tienen los jueces: "Nosotros no trabajamos solos, trabajamos en articulación con la Justicia y es ella la que tiene lo que se denomina 'control de legalidad de las decisiones' que toma la SENAF. La Justicia lee los informes y los dictámenes que producen los equipos técnicos de SENAF y después el juez o la jueza encargada de la causa lee esos informes, es encargado de analizarlos con sus propios equipos. También interviene el asesor que tiene la obligación de ley de leer esos informes y de entrevistar a los niños sujetos a la medida”, explicó.

Por si acaso, aclaró: “Nosotros no hemos pasado la responsabilidad a nadie, solamente estoy explicando cómo funciona el sistema que está parado en esta corresponsabilidad de los distintos actores y funcionarios públicos”.

Qué dijo la Fiscalía sobre la investigación

El fiscal a cargo de la causa de revinculación era Oscar Gieco que, en una entrevista con Radioinforme 3, también defendió su accionar. Según aclaró, fue la SENAF la que le comunicó que la familia “estaba lista para revincularse”.

"El juzgado de Control y Violencia Familiar de Morteros, mediante auto número 107 del 29 de agosto, ordenó el cese de la medida excepcional de protección de los menores, a pedido de la SENAF, que lo efectuó con fecha 3 de julio. En base a los informes, cesa la medida excepcional de protección de los menores toda vez que esta gente (por Simeone y Rauch) convivían en una localidad de Santa Fe y en marzo habían regresado a vivir a Brinkmann", expresó Gieco.

A partir de ese momento es que “el grupo familiar se restablece y conviven todos allí”, precisó el fiscal Gieco. Además aclaró que “están los informes en el mismo auto del juzgado”, en los que la madre -Rocío Rauch- presentó un informe “que dice supuestamente que se había rehabilitado, mientras que el padrastro había hecho algún tratamiento psicológico, ambos dijeron que estaban en condiciones de reintegrar el grupo familiar".

El brutal caso de Aralí

Según se pudo reconstruir de los testimonios, el viernes pasado por la noche hubo una fiesta en la casa de la familia Rauch, en donde vivía la pequeña Aralí. Según dicen, la música no cesó hasta la madrugada. El sábado al mediodía, un llamado alertó a los Bomberos Voluntarios por un incendio. Según consta en el informe preliminar de Bomberos, sólo hubo fuego en la planta alta y todas las puertas de la casa estaban sin llave. Por eso, se sorprendieron al encontrar el cuerpo calcinado de la nena.

La presunción es que Aralí fue abusada y asesinada y que luego prendieron fuego la casa para intentar tapar la causa de muerte.

Por el caso, están detenidos: el padrastro de Aralí, Matías Ezequiel Simone (33) y su amigo Cristian Hernán Varela (40), ambos acusados hasta el momento por homicidio simple; y su madre, Rocío Milagros Rauch (28), imputada por homicidio calificado por el vínculo en calidad de partícipe necesario por su "omisión de cuidado".