La ministra de Seguridad , Patricia Bullrich, criticó duramente a Amnistía Internacional (AI) por su informe sobre la represión en protestas en el país, acusando a la organización de «estar del lado de los delincuentes». El informe de AI, que documentó 1.155 personas heridas durante las manifestaciones de 2024, cuestionó las políticas implementadas por el Gobierno de Javier Milei, especialmente el Protocolo Antipiquetes, que limita las protestas y faculta a las fuerzas de seguridad a intervenir más activamente.

La ministra defiende el Protocolo Antipiquetes

El informe de AI denuncia represión en protestas, un «uso excesivo de la fuerza», mencionando el uso de gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes, y acusó al Gobierno de criminalizar las protestas. Sin embargo, Bullrich rechazó estas críticas, calificando el informe como «fuera de lugar» y «ridículo». Según la ministra, AI actúa desde una ideología que protege a los «victimarios» y defendió la eficacia del Protocolo, destacando que, a pesar de la controversia, las protestas violentas se redujeron con «la mínima violencia».

Amnistía Internacional responde a las acusaciones

Ante las acusaciones de Bullrich, Amnistía Internacional emitió un comunicado en el que comparó la respuesta del Gobierno argentino con los intentos de desacreditar sus informes en regímenes como los de Venezuela y Nicaragua. AI subrayó que sus informes se basan en una «metodología científica rigurosa» que incluye investigaciones en el terreno, entrevistas a víctimas y acceso a la información pública.

El impacto del Protocolo Antipiquetes

El Protocolo Antipiquetes, impulsado por Bullrich, ha generado divisiones en Argentina. Sus defensores argumentan que es necesario para garantizar el orden público en un contexto de creciente descontento social, mientras que los detractores lo consideran una violación a las libertades civiles y una forma de reprimir la oposición.

Tensión entre el Gobierno y las organizaciones internacionales

Este cruce de acusaciones refleja la creciente tensión entre el Gobierno argentino y las organizaciones internacionales sobre la respuesta del país a las protestas. A medida que las manifestaciones aumentan, las críticas sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades se intensifican, lo que genera un debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos en el país. La polémica pone de relieve la complejidad de las políticas de seguridad de Argentina en un momento de ajustes económicos y sociales.