El Gobierno de Javier Milei decretó como secreta la compra de un sistema antidrones bajo el argumento del Ministerio de Seguridad de reforzar la capacidad de respuesta ante amenazas vinculadas al uso indebido de drones en territorio argentino.

La medida fue oficializada este lunes mediante el Decreto 21/2025, publicado en el Boletín Oficial, responde a la necesidad de enfrentar los riesgos asociados con los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), comúnmente conocidos como drones civiles. Estas tecnologías, cada vez más accesibles y versátiles, pueden ser utilizadas para actividades ilícitas, incluyendo ataques terroristas, contrabando en cárceles e incluso intentos de fuga utilizando explosivos.

«Se pueden resaltar ataques con drones de naturaleza terrorista, envíos ilegales en el ámbito penitenciario y el uso de estos equipos con explosivos para facilitar fugas de detenidos», menciona el documento oficial. Además, se subraya la facilidad de adquisición, el amplio alcance y la simplicidad de uso como factores que incrementan la amenaza que representan.

Se pidió desde el Ministerio de Seguridad que la compra sea secreta

El sistema antidrones que se planea adquirir permitirá neutralizar estas amenazas, garantizando la seguridad interior en el marco de un sistema democrático, según indica el Ministerio de Seguridad. Para evitar que se conozcan las tecnologías específicas involucradas en esta operación, se declaró secreta la contratación, con el fin de prevenir que otros actores utilicen tecnologías similares para vulnerar los sistemas de seguridad.

El decreto también menciona que la medida incluye la intervención de las principales fuerzas de seguridad del país, como la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, a las que se dotará de nuevos equipamientos y capacitación en el manejo de estas tecnologías avanzadas.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad destacó que esta adquisición busca modernizar las capacidades técnicas frente a las modalidades delictivas actuales. «Resulta imperioso declarar secreta por razones de seguridad nacional la operación contractual para la adquisición», subrayó el Gobierno en el decreto.