El Gobierno nacional ha destacado la urgencia de una reforma previsional en el Pacto de Mayo, firmado con la mayoría de los gobernadores, donde enfatizó la necesidad de hacer sustentable el sistema y mejorar las jubilaciones. Sin embargo, en el corto plazo, la Casa Rosada no ha iniciado aún un debate amplio en torno a esta reforma.

Fuentes cercanas al Ejecutivo indican que, para 2025, el plan incluye el congelamiento del bono que actualmente perciben los jubilados de haberes mínimos. Principalmente, para aquellos que accedieron mediante facilidades y planes especiales, así como un esquema de pagos para sentencias jubilatorias. Además, se sostiene la decisión de no renovar la moratoria previsional, cuyo fin está previsto para marzo del próximo año. Según las proyecciones del Presupuesto 2025, se anticipa un aumento real del 1% en la partida destinada a la ANSES, que alcanzaría el 45% del total de gasto nacional.

Bono para jubilados y moratorias

La noticia de que el bono de $70.000 otorgado a las jubilaciones mínimas permanecerá congelado durante todo el año próximo generó críticas desde sectores de la oposición, quienes argumentan que esto reducirá el poder adquisitivo de los jubilados en el escalón más bajo de la pirámide. Según el economista Nadin Argañaraz, director de Iaraf, el poder de compra de este bono ya ha experimentado un deterioro significativo, con el ingreso real de los jubilados mínimos cayendo desde junio.

Otro aspecto crucial es el fin del régimen de moratorias jubilatorias en marzo, que no contará con partidas asignadas en el Presupuesto 2025. Desde el Gobierno, señalaron que se hará uso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) para cubrir a quienes no cumplan con los aportes completos, aunque este beneficio es inferior a la jubilación mínima.

La crisis de los juicios contra la ANSES

La administración Milei enfrenta la problemática de los juicios jubilatorios, donde el enfoque ha sido dividir los pagos entre los reajustes de haberes y los montos retroactivos. La prioridad es reducir el stock de deudas pendientes, con la meta de resolver 92.000 casos hacia mediados de 2025.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) también experimentará ajustes. Un reciente decreto permite que el FGS mantenga títulos públicos hasta 2027, pero con la condición de que esa proporción se reduzca al 50% de la cartera para evitar presiones en el mercado local.

Regímenes de privilegio en la mira

Un proyecto parlamentario buscará reducir los regímenes de privilegio en los beneficios jubilatorios de funcionarios políticos, judiciales y eclesiásticos, para que sus haberes se equiparen con el sistema regular. Según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), estos regímenes representan el 40% del gasto previsional, con beneficios 65% superiores al promedio. Este gasto, calculado en un 5% del PBI, crea inequidades en el sistema, lo que ha impulsado la necesidad de una reforma integral.

Rafael Rofman, investigador principal del Cippec, mencionó que existe un consenso cada vez mayor sobre la necesidad de esta reforma, aunque advierte que el desafío debe abordarse de manera integral y no limitarse a un grupo reducido de regímenes. La propuesta del Cippec implica reducir los regímenes de excepción y fortalecer el régimen general, estableciendo una estructura de financiamiento transparente y asegurando los derechos adquiridos de los jubilados actuales.