El Congreso de Brasil aprobó este jueves un proyecto que propone la castración química como medida punitiva para quienes sean condenados por abuso sexual contra menores de edad.

Con 267 votos a favor, 85 en contra y 14 abstenciones, la medida contó con el apoyo de partidos de derecha moderada y ultraderecha. Además, establece la creación de un registro público de condenados por estos delitos, que incluirá fotografías e información personal y será administrado por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ).

La propuesta se enfoca en un procedimiento médico no invasivo, donde los medicamentos reducen drásticamente los niveles de testosterona, disminuyendo así el deseo sexual. Este enfoque, utilizado en algunos países, busca reducir la reincidencia en delitos sexuales, aunque sigue siendo objeto de intensos debates éticos y de efectividad.

Reacciones encontradas: respaldo y críticas

El diputado Ubiratan Sanderson, del Partido Liberal, elogió la aprobación y señaló que países como Estados Unidos y Rusia ya aplican esta práctica. Sin embargo, añadió que, en su opinión, la pena de muerte sería una solución más contundente para casos de pedofilia.

Por otro lado, el ex presidente Jair Bolsonaro celebró el proyecto en sus redes sociales, calificándolo como un “paso histórico” en la lucha contra estos crímenes.

La oposición, sin embargo, expresó un rechazo firme. La diputada Talíria Petrone, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), cuestionó la efectividad del tratamiento y afirmó que la clave para combatir el abuso sexual reside en implementar programas de educación sexual en las escuelas. “Esta ley es una farsa que no aborda la raíz del problema”, aseguró.

Un futuro incierto en el Senado

El próximo paso para la aprobación del proyecto será su discusión en el Senado, donde todavía no hay consenso. De ser ratificada, Brasil se sumará a otros países que emplean la castración química como parte de sus sistemas penales para delitos graves.

La iniciativa ha abierto un intenso debate en el país sobre los límites de la justicia punitiva, los derechos humanos y las políticas necesarias para enfrentar los crímenes sexuales. Mientras tanto, la sociedad brasileña se mantiene dividida entre quienes exigen medidas más duras y quienes abogan por enfoques preventivos y educativos.