El Gobierno de Javier Milei avanza con medidas contra la libertad de expresión y este martes publicó dos decretos que plantean el "adoctrinamiento" y la "propaganda política" y se convierten en el antesala para la penalización a docentes y dirigentes políticos. En este marco, prohibió bautizar con nombres de personas a los edificios públicos o utilizar cualquier otro símbolo que pueda ser considerado como propaganda política. Y, modificó la ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para atentar contra contenidos educativos.

Uno de los decreto publicados hoy en el Boletín Oficial, el 1084/2024, dispone: “Prohíbese la exhibición, colocación o difusión de imágenes, símbolos, obras o cualquier otra referencia personal que pueda interpretarse como una forma de propaganda política partidaria o de culto a la personalidad política en edificios u obras públicas, oficinas, monumentos u otros bienes muebles o inmuebles pertenecientes al Estado nacional”.

En este marco, se decretó que, deberán haber transcurrido 10 años del fallecimiento o desaparición física o desde los acontecimientos históricos que se pretenda honrar para que alguno de estos bienes nacionales reciban el nombre de personalidades públicas. “Tampoco podrán asignarse denominaciones que correspondan a personas que hayan ejercido funciones como Autoridades Nacionales, Provinciales o Municipales mediante actos de fuerza contra el Orden Constitucional y el Sistema Democrático”, agrega la normativa.

En este marco, impone que “la violación por parte de un funcionario público de las prohibiciones establecidas en el presente decreto constituye una infracción grave en el ejercicio de la función pública, ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, patrimoniales y penales que pudieran caberle al mismo, conforme lo previsto en las normas vigentes”.

Entre los considerandos, el Ejecutivo aseguró que “los recursos y bienes del Estado nacional son públicos y deben estar al servicio de la comunidad en general y no de intereses particulares o partidarios que suponen una imposición forzada a la memoria colectiva”.

“La denominación y/o identificación de obras de infraestructura pública, monumentos, edificios, oficinas y espacios públicos no debería estar basada en intereses políticos partidarios, para no desvirtuar la finalidad y el significado cultural o histórico de dichos bienes y evitar provocar confusión entre lo público y lo partidario”, apuntó y señaló que estas prácticas “provocan la pérdida de la neutralidad que corresponde que posean los bienes públicos”.

Contra la educación y la libertad de expresión en las escuelas

En esta sintonía, la administración libertaria publicó el decreto 1086/2024, que modifica la reglamentación de la ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, e incorpora algunas consideraciones a sus artículos.

“La imposición de una manera de pensar y/o actuar político partidaria, especialmente en el ámbito educativo, vulnera el derecho a la dignidad y la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes, constituyendo un trato que afecta su integridad personal”, definieron.

Al respecto, el Gobierno de Milei justificó que “dada la importancia del rol que cumplen los docentes en el desarrollo de la vida y la libertad de los niños, es fundamental que estos no impongan una determinada forma de pensamiento ni limiten de ninguna manera el libre desarrollo de las ideas, evitando cualquier posible adoctrinamiento”. Y mencionaron: “La libertad de pensamiento representa un factor esencial en nuestra sociedad y debe ser respetada en todos los ámbitos y por todas las personas”.