Las diputadas de Unión por la Patria, Ana María Ianni y Florencia Carignano, integrantes de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, denunciaron ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presuntas irregularidades en los procesos de venta de empresas públicas. El planteo apunta contra el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), Diego Chaher, el presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación, Julio Villamonte, y autoridades del BICE.

Según argumentaron, el Gobierno habría desplazado al Tribunal de Tasaciones de los procesos, modificado el método utilizado para establecer los valores y reservado los informes de valuación. En particular, reclamaron conocer la Resolución ATEP 1/2026 y la tasación oficial de AySA, cuyo contenido permanece reservado según la denuncia.

El reclamo por las tasaciones y el control del Congreso

En un mensaje publicado en X, Carignano sostuvo: “DENUNCIAMOS GRAVES IRREGULARIDADES Y OCULTAMIENTO EN LAS PRIVATIZACIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS”. La diputada afirmó que se “declararon secretas todas las tasaciones” y cuestionó que esa información no esté disponible para controlar el proceso.

La denuncia sostiene que la ATEP habría utilizado una resolución para declarar reservados los informes de tasación y valuación de las empresas sujetas a privatización. Para las legisladoras, esa decisión vulnera las facultades de control parlamentario y la PIA debe investigarla.

El reclamo adquiere especial relevancia por AySA, cuya privatización avanza hacia la apertura de las ofertas económicas. El Ministerio de Economía confirmó oficialmente que dos grupos empresarios superaron la primera etapa y que presentarán sus propuestas por el 90% de las acciones estatales el 8 de octubre a las 10.

Las legisladoras cuestionaron que el proceso avance sin que la Comisión Bicameral pueda acceder a la valuación oficial de la empresa. En el escrito que presentaron ante la PIA, sostienen que “la empresa será adjudicada sin que se conozca su tasación”. Además, la oposición reclamó incorporar esa información al circuito de control.

Qué cuestiona la oposición sobre el proceso

El documento presentado también cuestiona el desplazamiento del Tribunal de Tasaciones y la intervención del BICE en la valuación de las compañías. Según la denuncia, el organismo encargado históricamente de las tasaciones habría sido reemplazado en estos procesos por una unidad creada dentro del banco estatal.

Ianni y Carignano también cuestionaron que la licitación de AySA se realice “sin base”. La convocatoria oficial establece la venta del 90% de las acciones de titularidad estatal y confirma que el proceso se realiza bajo esa modalidad.

En su presentación, las legisladoras pidieron medidas urgentes para obtener la resolución que mantiene bajo reserva las tasaciones y acceder al informe correspondiente a AySA. También solicitaron que la PIA investigue las actuaciones de los funcionarios involucrados y evalúe si existieron responsabilidades administrativas.

“Pedimos a la PIA que investigue y ponga en conocimiento de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones y de todos los argentinos y argentinas, el valor real de estas empresas públicas que quieren rematar en la más profunda oscuridad”, afirmó Carignano.

Desde el Gobierno, en tanto, el proceso de privatización de AySA continúa según el cronograma oficial y el Ejecutivo ya seleccionó a los dos consorcios que competirán en la segunda etapa.