“Este proyecto justifica medidas que pueden ser utilizadas contra el propio pueblo”, advirtió Paula Litvachky durante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, donde el 6 de octubre de 2026 representantes de organismos civiles y de derechos humanos objetaron la iniciativa oficial. La propuesta combina sanciones por explotar recursos sin autorización argentina en las Islas Malvinas con reformas en defensa, inteligencia y seguridad.

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional tiene 133 artículos y combina sanciones a la explotación no autorizada en Malvinas con cambios en áreas estatales. La oposición denunció que el paquete funciona como un caballo de Troya para subordinar la política de defensa y seguridad a un plan de contrainsurgencia de Estados Unidos para América Latina. Unión por la Patria, principal bloque opositor, busca limitarlo a los artículos de sanciones penales y económicas y excluir el resto.

El CECIM, a través de Jerónimo Guerrero Iraola, cuestionó la política oficial sobre Malvinas y afirmó que “ha regalado la iniciativa al Reino Unido en el Atlántico Sur”. El referente definió el proyecto como “un punto más en el plan sistemático de entrega de la soberanía”.

Paula Litvachky, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), enfocó sus reparos en la reorganización del Estado. “El proyecto intenta una reconfiguración profunda de áreas centrales del estado, para dar lugar al estado antiterrorista, que reorganiza el aparato de defensa, seguridad e inteligencia bajo el paraguas de la seguridad nacional”, señaló. También afirmó: “Esta idea de seguridad nacional opera como marco político para justificar una fuerte concentración de poder en el Ejecutivo, el despliegue de medidas de excepción en forma normalizada”.

Litvachky objetó las definiciones de terrorismo y amenaza externa: sostuvo que el proyecto “amplía la persecución del terrorismo” mediante una “definición muy laxa”, que a su juicio puede restringir libertades civiles y criminalizar conflictos sociales. “No se pueden hacer consideraciones vagas sobre lo que significa una amenaza”, dijo. También cuestionó que la iniciativa otorgue rango legal al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), y que el Consejo de Seguridad Nacional reciba facultades sancionatorias fuera de las reglas institucionales.

Facultades y sanciones previstas

El proyecto prevé reemplazar la Ley 26.659 y ampliar las prohibiciones más allá de los hidrocarburos, a cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos renovables o no renovables. Para directores o accionistas de empresas que exploten esos recursos en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes, contempla inhabilitación y penas de prisión de hasta 20 años. También incluye un registro público de infractores, prohíbe al Estado y a particulares contratar a los inscriptos e incorpora el juicio en ausencia y el bloqueo de bienes y fondos. El RePET habilitaría la inmovilización de bienes y la prohibición de operaciones económicas o financieras con personas y entidades registradas por vínculos con el terrorismo. El Consejo, encabezado por el presidente e integrado por funcionarios del gabinete, podría restringir operaciones financieras, bloquear activos y suspender autorizaciones ante una amenaza grave e inminente.

El exsecretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, sostuvo que “este proyecto avanza en la dirección contraria” a la política de soberanía que reivindicó y advirtió que “establece protocolos de derribo, contempla el hundimiento de buques y prepara a las fuerzas armadas para operaciones no convencionales”. La propuesta también prohíbe aportes a partidos y campañas de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras, e incorpora delitos por revelar secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros.

Para acciones financiadas desde el exterior destinadas a alterar elecciones o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, prevé penas de entre 5 y 12 años. El Gobierno defendió la iniciativa como una herramienta para frenar la guerra informática de potencias extranjeras, no la labor periodística individual; el oficialismo esperaba dictaminar la semana siguiente y llevarla al recinto el 21 de octubre.