Estamos analizando incorporar la creación de una comisión bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad Nacional”, dijo María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, durante el plenario del 7 de octubre en la Cámara de Diputados. La funcionaria defendió el proyecto de Defensa de la Soberanía sobre las Islas Malvinas y el oficialismo rechazó dividirlo.

Unión por la Patria insiste en separar el régimen especial sobre Malvinas de las reformas de Seguridad, Defensa e Inteligencia. Ibarzabal Murphy defendió mantener el texto unificado y afirmó: “El Título I es vital para nosotros”. También dijo que el proyecto busca “lograr las herramientas necesarias que fortalezcan y le den cuerpo a las relaciones diplomáticas para que no queden en palabras” y proteger los recursos argentinos.

La comisión bicameral en estudio seguiría el trabajo del Consejo de Seguridad Nacional. “Estos temas de seguridad nacional deben tener la coordinación de los tres poderes”, explicó la funcionaria. También cuestionó la Ley 26.659, aprobada en 2011: dijo que “tiene muchas fallas técnicas que hacen compleja la práctica”, que “no prevé delitos vinculados a la pesca” y que “es demasiado vaga”.

El proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en las Islas Malvinas, fue otro eje de la exposición. Ibarzabal Murphy lo definió como un “punto de quiebre” y afirmó: “Hace muy poco surgió un quiebre en lo que venía sucediendo. Por primera vez el proyecto Sea Lion, un proyecto que se está desarrollando en las islas, tomó la decisión para concretar en los próximos meses la explotación petrolera”. La secretaria sostuvo que esos avances perjudican el reclamo argentino de soberanía y afectan los recursos hidrocarburíferos y pesqueros.

La oposición puja por dividir el proyecto

Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica, expresó: “Estamos claramente preocupados por lo que es una tentación de unanimidad, de militarización y de concentración del poder grave”. Pidió que el canciller Pablo Quirno, el ministro de Defensa Carlos Presti y organizaciones de la sociedad civil expusieran ante el Congreso. Florencia Carignano, de Unión por la Patria, cuestionó a quienes hablaban durante su intervención: “A ver si se calla el decorado, hay como un cotorrerío que está molestando”.

El oficialismo evalúa cambios al proyecto y negocia garantías para modificar partidas presupuestarias destinadas a discapacidad y universidades nacionales. Aliados y dialoguistas exigen eliminar el artículo 111, que prevé penas de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de entidades u organismos extranjeros, busquen alterar procesos electorales o instituciones democráticas, manipular la opinión pública mediante campañas de desinformación o promover violencia y sabotaje.

La oposición advierte que la cláusula puede amenazar el trabajo periodístico y alentar la autocensura. También se analiza restringir la compraventa de tierras rurales, aunque todavía no hay una decisión tomada.

El oficialismo busca dejar sin quórum la sesión que la oposición pidió para el 15 de octubre, con el objetivo de rechazar el DNU 70/23, considerado la piedra angular del proyecto económico de La Libertad Avanza. El Senado ya había rechazado el decreto el 14 de marzo de 2024; un diputado nacional del peronismo explicó que el año pasado hubo diez aliados inseguros de acompañar el rechazo y dijo: “El que se siente es porque quiere rechazar el 70/23. El año pasado habían 10 de los aliados nuestros que estaban inseguros de que nos iban a acompañar con el rechazo y por eso dimos marcha atrás”.

El plenario volverá a reunirse el martes 13 de octubre y el oficialismo apunta a dictaminar y llevar el proyecto al recinto el miércoles 21, en una sesión que también podría incluir iniciativas sobre discapacidad y sobreendeudamiento familiar.